La Junta de Extremadura da un paso más en su afán por hacer de la Administración autonómica un instrumento al servicio de los ciudadanos y una palanca para el progreso en la región, con una norma ambiciosa e innovadora, el proyecto de Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, con la que sienta las bases para garantizar un modelo de gestión dinámico y flexible.
Burocracia flexible
El proyecto de ley acompaña a los particulares en sus iniciativas, reduciendo obstáculos y trámites burocráticos, confiando en los ciudadanos y diseñando sus procedimientos en función de esa confianza.
La segunda finalidad de la norma es racionalizar el régimen general de intervención administrativa y cambiar la forma de interactuar con ciudadanos y empresas. Esto se materializa, según ha explicado la titular de Administración Pública, en el principio de intervención mínima y, en el día a día de los ciudadanos, en la generalización de las declaraciones responsables y las comunicaciones.
En este sentido, las declaraciones responsables se exigirán para los supuestos en que los interesados precisen de la acreditación de determinados requisitos para el reconocimiento de un derecho o facultad, o para su ejercicio; y las comunicaciones para poner en conocimiento de la Administración los datos identificativos o cualquier otro relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
Blanco-Morales ha resaltado que estas medidas se adoptan sin renunciar al control que garantiza que la acción de la Administración cumple sus fines y se desarrolla por los cauces legalmente previstos. En este ámbito, ha matizado que las labores de comprobación o verificación se mantienen pero se realizarán de oficio y proactivamente, sin requerir la intervención de los interesados.
El tercer objetivo del proyecto de ley es la simplificación administrativa por dos vías. La primera, a través de la promoción efectiva de la simplificación en todos los ámbitos competenciales, que conlleva que se remuevan los obstáculos que la impidan o dificulten, así como la realización de las adaptaciones necesarias para ello.
La segunda vía de simplificación se centra en las medidas orientadas a flexibilizar la tramitación de los procedimientos, agilizarlos y reducir su duración y que afecta a cuestiones como la tramitación y emisión de informes, la tramitación urgente de iniciativas normativas, la reducción en los plazos de resolución, los registros y la proximidad a la ciudadanía.