Castilla-La Mancha habilita un crédito de 270 millones para ayudas a pymes

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha informado este martes de que las ayudas del Gobierno de España a pymes y autónomos afectados por la crisis del coronavirus, cantidad de la que a Castilla-La Mancha le corresponden cerca de 270 millones de euros, se podrán empezar a gestionar en el plazo máximo de un mes.

Franco ha comparecido en rueda de prensa, junto con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha informado de que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha ampliado el crédito disponible en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en casi 270 millones de euros , en concreto 267,89, para iniciar la gestión de las ayudas a pymes y autónomos con los fondos que llegarán del Gobierno de España en base al reparto del Fondo REACT, y agilizar así la tramitación de las mismas.

Tras la aprobación el sábado pasado del Real Decreto del Gobierno de España por el que se establecen ayudas a pymes y autónomos, la consejera de Economía ha informado hoy al Consejo de Gobierno de un primer borrador para la gestión de esas ayudas, con el objetivo de acortar los plazos desde la firma de los convenios pendientes para la puesta en marcha del paquete de estímulo y poner cuanto antes estas ayudas a disposición del tejido empresarial.

Corresponden a la línea de 11.000 millones de euros, de los cuales 7.000 son para ayudas directas que gestionarán las comunidades autónomas y a Castilla-La Mancha le corresponderán esos cerca de 270 millones (5,4 %), destinados a los sectores más afectados por la covid.

Patricia Franco ha explicado que con el fin de ser lo mas ágiles posible en el reparto de las ayudas, en Castilla-La Mancha ya se está trabajando en ello a falta de firmar todavía el convenio que regirá la colaboración institucional entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, el convenio con la Agencia Tributaria que permitirá obtener la información necesaria sobre la pérdida de facturación de las empresas afectadas y a falta asimismo de que los fondos sean transferidos a las comunidades autónomas.

Esto supone un periodo aproximado de 40 días, de los que 30 se calcula como el plazo para la firma de los convenios desde la publicación en el BOE y diez para la disponibilidad del dinero a las comunidades, aunque en esta región, ha destacado Franco, «nos anticipamos a esos plazos» con la medida adoptada hoy de ampliar el crédito a la Consejería de Economía.

Franco ha recordado que el primer decreto de 80 millones de euros en ayudas se pagó en apenas dos meses y que el decreto de 60 millones va a alcanzar las tres semanas con prácticamente la mitad del crédito comprometido abonado a los beneficiarios, ya que se han pagado ya más de 8,5 millones de euros y hay otros 6 comprometidos ya en tesorería.

También ha señalado que espera que los sectores que hayan quedado fuera del real decreto de ayudas puedan reengancharse con mecanismos similares a los que se emplearon en los ERTE.

Un millón para las empresas rurales

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una línea de ayudas al sector del turismo rural, uno de los perjudicados por la crisis de la covid-19, para estimular el consumo a través del bono turístico, por el que se pueden ofrecer descuentos a los clientes de los alojamientos rurales, cámpines, empresas de turismo activo y ecológico y a guías e informadores turísticos.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha informado de que la aprobación de este bono turístico para el turismo rural, es similar al que ya se puso en marcha en el sector hotelero al que se acogieron 180 establecimientos, que también se ha prorrogado hasta el final de verano, y que les permitirá seguir ofreciendo descuentos a sus clientes.

La cuantía de las ayudas es de 1.500 euros para los guías e informadores turísticos y las empresas de turismo activo, que podrán aplicar descuentos de hasta 30 euros para grupos de cinco personas.

Los establecimientos de alquiler compartido podrán recibir ayudas de entre 4.000 a 6.000 euros para aplicar descuentos de 12, 20 o 30 euros a los clientes.

Las casas de alquiler no compartido recibirán ayudas por las mismas cuantías y los descuentos podrán ser de 10, 12 y 15 euros; y para las agencias de viajes, la cuantía de las ayudas es de 6.000 euros.

Podrán solicitarse en el plazo de un mes desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) en los próximos días.

Esta medida responde a una estrategia de captación de turismo interior, ha señalado la consejera, que ha recordado que el turismo rural de Castilla-La Mancha mejoró sus cifras este pasado verano, pese a la covid, con respecto a 2019.

Espera asimismo que esta iniciativa mejore el consumo, pero que se disfrute del turismo esta Semana Santa desde la responsabilidad, debido a la pandemia de coronavirus, y teniendo en cuenta que sigue el confinamiento perimetral de la comunidad.

 

Por último y de otro lado, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará este miércoles la convocatoria de Formación Profesional (FP) para el Empleo con compromiso de contratación del 40 % de los participantes, con un importe de 3,7 millones de euros.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha indicado que el plazo de solicitud de estas ayudas estará abierto hasta el próximo 30 de noviembre y que de los 3,7 millones, 3,3 son para impulsar 70 acciones formativas para 1.100 personas y 423.000 euros en ayudas y becas.

La convocatoria está dirigida de manera directa a aquellas empresas que necesiten contratar a personas con formación específica, ya que podrán adaptar el contenido y la duración del curso a sus necesidades de incorporar plantilla.

La puesta en marcha de estos cursos con el apoyo del Ejecutivo autonómico recoge el compromiso del beneficiario de contratar al menos al 40 por ciento de los participantes en la acción formativa en un plazo máximo de tres meses a la finalización del curso.

Patricia Franco ha explicado que, aunque la formación va dirigida a desempleados, está permitida la participación en los cursos de un 20 por ciento de personas ocupadas, ya que la convocatoria recoge como prioritaria la participación en estos cursos de trabajadores que se encuentren en situación de suspensión de contrato o de reducción de jornada por estar afectados en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la crisis sanitaria.

«Es una modalidad que supone una gran oportunidad para la mejora de la inserción, porque establece un contacto directo con la empresa que puede realizar la contratación, además de que permite a las empresas participantes formar de manera natural a los refuerzos para su plantilla y a establecer una bolsa de trabajo para los picos de contratación”, ha finalizado.